El movimiento en favor de la justicia medioambiental surgió como respuesta a las desigualdades medioambientales y sociales, a las amenazas contra la salud pública, a la dispar protección, aplicación de las leyes y trato que reciben las personas pobres y de color. Gracias a este movimiento la protección medioambiental se ha redefinido como un derecho fundamental.

Difusión mundial
Este movimiento popular germinó en los Estados Unidos, pero en solo dos décadas se ha esparcido por todo el mundo. Defiende el derecho de todas las comunidades a que se las proteja y a que se garantice la aplicación de las normas vigentes sobre el medio ambiente, salud, empleo, vivienda, transporte y derechos civiles que influyen en la calidad de vida.

Se han hecho muchos avances desde sus inicios en el condado de Warren, Carolina del Norte, en una comunidad afroamericana eminentemente rural donde, a principios de los años 1980, un peligroso vertedero de residuos hizo estallar una serie de protestas que acabaron en más de 500 detenciones. Estas protestas impulsaron a la Oficina General de Cuentas de los Estados Unidos a iniciar una investigación independiente. También propiciaron que la Comisión por la Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo redactara en 1987 el histórico informe Residuos Tóxicos y Raza en los Estados Unidos, donde, por primera vez, se relacionaron los emplazamientos de los vertederos con las características demográficas.

La Primera Cumbre Nacional de Líderes de Personas de Color y el Medio Ambiente en 1991 situó el tema de la justicia medioambiental bajo la lupa internacional. Durante cuatro días se reunieron en Washington DC más de 1.000 líderes comunitarios y nacionales de todo el mundo, provenientes de los 50 Estados americanos, Puerto Rico, México y de lugares tan remotos como las Islas Marshall. El 27 de octubre esta Cumbre aprobó los Diecisiete Principios de la Justicia Medioambiental, cuya traducción al español y al portugués se utilizó y circuló entre las organizaciones no gubernamentales y agrupaciones por la justicia medioambiental congregadas en 1992 para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el Foro Mundial de Río de Janeiro, Brasil.

Decreto presidencial
Como respuesta a la creciente preocupación de la opinión pública y a las pruebas científicas cada vez más evidentes, el 11 de febrero de 1994 el Presidente de los Estados Unidos promulgó el decreto presidencial 12898, “Medidas federales para abordar la justicia medioambiental hacia las minorías y las poblaciones de bajos ingresos,” un intento de abordar las injusticias medioambientales dentro del marco de la legislación federal vigente en materia de medio ambiente y de derechos civiles.

Numerosos estudios documentan que los pobres padecen mayores riesgos medioambientales para su salud que el resto de la sociedad estadounidense. Los habitantes de esos lugares “que jamás aparecerán en las postales” se exponen a los mayores peligros medioambientales. Un ejemplo clásico lo encontramos en la pintura con plomo que recubre las casas más antiguas. Aunque la enfermedad de envenenamiento por plomo puede prevenirse, la padecen más de 1,7 millones de niños americanos (8,9% de entre uno y cinco años de edad). Más del 28,4% de todos los niños afroamericanos de escasos ingresos han padecido envenenamiento por plomo, frente al 9,8% de los niños de raza blanca de bajos ingresos.

La reciente crisis energética hace más vulnerables a las comunidades de bajos ingresos y de color debido a la instalación de nuevas plantas de energía eléctrica y a la relajación de la aplicación de las leyes sobre la calidad del aire en las antiguas plantas eléctricas más contaminantes. Desde Nueva York a California, la contaminación del aire se cierne sobre la salud de los más pobres, asentados en las zonas urbanas más afectadas. Más del 57% de la población de raza blanca, un 65% de la afroamericana y un 80% de la hispana habitan en 437 condados con una calidad de aire deficiente.

Un mal aire es perjudicial, pero además sale caro: el Centro Federal para el Control y la Prevención de Enfermedades estima que las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire cuestan unos 14.000 millones de dólares al año. El incremento del ozono se ha relacionado con un aumento del asma, las alergias, las enfermedades cardio-respiratorias y muerte. El asma provoca anualmente 10 millones de días de escuela perdidos, 1,2 millones de visitas a urgencias, 15 millones de visitas a ambulatorios, 500.000 hospitalizaciones. El nivel de hospitalización por asma entre los afroamericanos y latinos es de tres a cuatro veces mayor que entre los blancos.

Las empresas contaminantes y las actuaciones gubernamentales han generado zonas tóxicas abandonadas. El ejército estadounidense ha dejado una estela tóxica desde las playas de Vieques en Puerto Rico, pasando por el centro urbano de Memphis, hasta las zonas salvajes de Alaska. El libro “Basuras en Dixie’, publicado en 1990, explica la relación entre la explotación de la tierra y de las personas. Por negligencia, Dixie – sinónimo del Sur Profundo – ha sido sacrificada y se ha convertido en un colector de los residuos tóxicos del resto del país.

Un legado singular
Esta región se caracteriza por un singular legado de esclavitud, de segregación oficial y de resistencia blanca a la justicia igual para todos. La falta de aplicación de la legislación medioambiental ha permitido que la industria ensucie sus aguas, tierras y aire más que ningún otro lugar de los Estados Unidos. El Corredor Industrial del Bajo Mississippi en Luisiana constituye un ejemplo típico de estas pautas. Los ecologistas y residentes del lugar lo han apodado el “Callejón del Cáncer’. Allí se concentran más de 125 empresas que fabrican desde fertilizantes, a combustibles, pinturas, plásticos, etcétera. Las deducciones fiscales que gozan las empresas contaminantes han creado un puñado de empleos con un coste muy elevado. Según un artículo aparecido en 1998 en la revista Time, Louisiana canceló 3.100 millones de dólares de impuestos sobre bienes adeudados por empresas contaminantes. Las cinco compañías que más contaminan en el Estado han recibido durante la última década 111 millones de dólares en deducciones fiscales.

Los indios norteamericanos tienen que soportar algunos de los peores niveles de contaminación en los Estados Unidos. A principios de los años 1990 se emplazaron vertederos, incineradoras y plantas de residuos en más de 35 reservas indias. En 1999 los residentes de la reserva de Navajo presentaron una demanda ante la Comisión Reguladora Nuclear para bloquear un permiso de extracción minera de uranio en Church Rock y Crown Point, Nuevo México. Las tribus Mohave en California, Goshutes de Skull Valley en Idaho y Shoshone en Yucca Mountain, Nevada, están todas luchando contra las propuestas de construir vertederos de residuos radiactivos en sus zonas tribales.

Desigualdad de intereses
La creación y transporte de residuos peligrosos plantea importantes dilemas de carácter sanitario, medioambiental, jurídico, político y ético. Su traslado desde las comunidades ricas a las pobres constituye un problema mundial. La desigualdad de los intereses y de las relaciones de poder ha permitido que la contaminación de los ricos sea ofrecida como remedio a corto plazo a la pobreza de los más desfavorecidos. Durante la última década muchas naciones en desarrollo se han enfrentado a esta política “de palabra” de trasladar los residuos perniciosos fuera de las fronteras de los países pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.