Hay asuntos fundamentales que debemos encarar, a saber: la tensión entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, particularmente aguda en los países en desarrollo más pobres, pero presente en todas partes del mundo; la tensión entre necesidades a corto plazo y problemas a largo plazo; la tensión entre marcos de leyes en desarrollo encaminadas a proteger el medio ambiente, y su implementación; y la cuestión de la globalización y la presencia en todas partes del mundo de corporaciones multinacionales, que a menudo son la fuente del desarrollo, pero también son una fuente de daño medioambiental.

Asegurar el respeto
Podrá parecer extraño que los jueces, a veces considerados algo distantes, se ocupen de estos asuntos. Pero así es. Más de cien jueces superiores procedentes de todas partes del mundo, incluso entre los que figuran 32 presidentes de tribunal, celebraron una conferencia en Johannesburgo durante el período de la Cumbre Mundial de 2002 y reconocieron la existencia de estos derechos y obligaciones. Asimismo reconocieron el importante papel de la sociedad civil en la tarea de asegurar el respeto por estos derechos y el cumplimiento de estas obligaciones.

Los derechos no se ejecutan por sí mismos. Hemos aprendido por amarga experiencia que, a menos que se hagan cumplir con firmeza, los derechos pueden carecer de sustancia. La sociedad civil juega un papel crucial en la tarea de promocionar el respeto por las libertades y derechos fundamentales, y de imponerlos. Como sudafricano, he vivido en una sociedad en la cual no existía respeto por derechos ni libertades, ni por la dignidad humana. Conozco por experiencia propia el papel absolutamente crucial que la sociedad civil jugó en la lucha por los derechos y las libertades en mi país, y sé cuánto le debemos por los derechos y las libertades de que hoy gozamos en nuestro país y la extraordinaria Constitución en la cual cual están afianzados.

El derecho al medio ambiente
Uno de los derechos y libertades consolidados en nuestra Constitución es el derecho al medio ambiente. El mismo declara que todos los individuos tienen el derecho a un medio ambiente que no sea perjudicial para un bienestar sano y a que se lo proteja para el beneficio de la generación presente, así como para las generaciones futuras, mediante una legislación razonable y otras medidas que prevengan la contaminación y la degradación ecológica, fomenten la conservación, y aseguren el desarrollo y el uso ecológicamente sostenible de los recursos naturales, al mismo tiempo de promocionarque promueven un desarrollo económico y social justificable.

Es éste uno de una serie de derechos socioeconómicos integrados en nuestra Constitución, que también incluye el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho al acceso a vivienda, el derecho al acceso a educación, y derechos del niño. Todos estos derechos son “justicia visible” y en ocasiones se apela a nuestros tribunales para que los hagan respetar. En estos casos, de vez en cuando los tribunales han comunicado al Gobierno que no está cumpliendo con sus obligaciones según la Constitución.

Casos centrales
Los casos realmente centrales casi siempre son llevados a los tribunales por órganos de la sociedad civil. Los mismos poseen la pericia, el conocimiento y el compromiso para reunir hechos de una manera coherente e identificar los problemas de crucial importancia -- y para presentar un caso que trae a primera plana estos derechos y el sufrimiento de las personas a quienes les son denegados estos derechos, y explicar las razones por las cuales los tribunales deberían intervenir. Puede ocasionarse gran sufrimiento si estos casos no se llevan ante los tribunales -- o, lo que es peor aún, si son presentados, pero no de forma correcta, omitiendo incluir importantes pruebas significativas y dejando de presentar argumentos importantes, causando por ende que el caso fracase por falta de preparación.

Debemos aprender a actuar como miembros iguales de una comunidad con preocupación por el bienestar de todos

Por lo tanto, la sociedad civil es el motor para hacer valer estos derechos y libertades, pero la judicatura también tiene un importante papel en confirmarlos. En este sentido, la judicatura y los órganos de la sociedad civil son socios en la tarea de asegurar el cumplimiento de la Ley. Quienes más sufren cuando no se protegen los derechos y no se respetan y defienden las libertades son los pobres. Y también son los pobres quienes con probabilidad sufrirán más que nadie como resultado de la degradación del medio ambiente. Empero, no son únicamente los sectores pobres y marginados de la comunidad quienes buscan la ayuda de la sociedad civil para proteger sus derechos y sus intereses -- lo hacen todos los sectores de la sociedad. Es responsabilidad de los gobiernos y la sociedad civil ocuparse de que estos derechos no se abusen o se ignoren. Cuanto más vibrante sea la sociedad civil, mayor será la probabilidad de que los derechos sean respetados.

En el simposio de los jueces en Johannesburgo reconocimos que los límites de la ley medioambiental están expandiéndose aceleradamente, y que existe urgente necesidad de un programa de trabajo concertado y sostenido enfocado en la educación, la formación y la diseminación de información en este campo. Reconocimos la importancia de la participación pública en la toma de las decisiones relacionadas con el medio ambiente; la necesidad de acceso a justicia para lograr acuerdo en disputas medioambientales y para la defensa y el cumplimiento de derechos medioambientales; y necesidad de acceso público a información pertinente. Admitimos la importante contribución de toda la sociedad y la necesidad de fortalecer la capacidad de las organizaciones e iniciativas que tratan de capacitar al público para dirigir la atención -sobre una base bien informada- hacia la protección del medio ambiente y asuntos de desarrollo sostenible.

La formación de capacidad es importante. Los jueces están comprometidos a emprender programas encaminados a mejorar su conocimiento y sus habilidades en materia de ley medioambiental. Reconocen la necesidad de que la sociedad civil haga otro tanto y prestan su pleno apoyo a toda iniciativa destinada a lograr que esto se produzca. Una segunda reunión de primeros magistrados, celebrada en Nairobi en enero de 2003 -convocada para dar sustancia a las discusiones de Johannesburgo y elaborar planes para la implementación de algunas de las decisiones tomadas allí- también reconoció el importante rol de la sociedad civil. Solicitó al PNUMA que preparase y pusiera en práctica programas de formación de capacidad, no sólo para jueces sino para otros interesados legales como abogados de la acusación, agentes de la ley, abogados, grupos de litigación de interés público y otros ocupados en redactar, implementar y hacer cumplir leyes medioambientales dentro del contexto de un desarrollo sostenible. Los magistrados expresaron su pleno apoyo para cooperar con el PNUMA en la tarea de elaborar y poner en práctica tales programas -- particularmente en países en desarrollo y países en transición. Se comprometieron a a hacer sus propias contribuciones hacia la formación de capacidad dentro de la judicatura, y formaron un comité integrado por diez magistrados superiores de todas las regiones del mundo para aconsejar al PNUMA en asuntos de elaboración e implementación del programa de formación de capacidad.