La fuerza
de la ley

 
El Juez Guy Canivet
sugiere pasos prácticos que es preciso emprender para hacer efectiva la ley medioambiental y de desarrollo sostenible

En Francia, así como en otras partes, los más altos tribunales, órganos administrativos y judiciales ya han tomado numerosas decisiones para la administración de la ley medioambiental. Pero estos no son más que los comienzos de un considerable precedente judicial que habrá de configurar nuestro sistema en el futuro.

Los jueces en Francia están convencidos de que el equilibrio entre el desarrollo (teniendo en cuenta el funcionamiento ecológico del planeta) y el uso máximo de recursos, la lucha contra la desigualdad y la erradicación de la pobreza, deben considerarse conjuntamente como una extensión de los derechos humanos. Estas son las actividades más importantes, las actividades más innovadoras que serán observadas en los años venideros.

Valores legales universales
El desarrollo sostenible une a todos los debates sobre la ley -la ley internacional, la ley pública, la ley privada internacional, la ley comparativa y la filosofía de la ley- para contribuir al surgimiento de valores legales universales: una suerte de ley consuetudinaria para el desarrollo sostenible. Estos instrumentos legales deben expresar mutuo reconocimiento de las decisiones posibles en diferentes jurisdicciones -dentro de límites de autoridades y separación de poderes-, asegurando su aplicación en países que no sean aquellos en los cuales las sentencias de hecho han sido pronunciadas. También debe hacer posible armonizar estas decisiones, a fin de asegurar la convergencia de la ley nacional e internacional sobre el desarrollo sostenible. Los jueces cuyos Estados poseen los medios deben organizar procedimientos para permitir la implementación de la ley sobre el desarrollo sostenible, en cuanto a gobernanza medioambiental, teniendo en cuenta las diferentes jurisdicciones en sus áreas respectivas.

Debe conferirse a cada Estado una autoridad judicial, independiente de las autoridades políticas así como de todo interés privado, suficientemente fuerte como para pronunciar sus decisiones a ambos. Los Estados también deben organizar órganos informados competentes para producir jueces bien conscientes de la ley medioambiental. Hay necesidad de acción individual y colectiva sobre la ley constitucional, pública, privada y criminal, haciendo posible para el público común asegurar que la justicia es administrada de forma efectiva. En particular, los Estados deben crear procedimientos (o permitir que sean creados) para hacer posible controlar y verificar la legalidad de las decisiones tomadas sobre asuntos de medio ambiente, y capacitar a la gente común para obligar al Estado a emprender medidas positivas.

Los principios de desarrollo sostenible van mucho más allá de los intereses privados, de modo que también debe haber un reconocimiento nacional de la naturaleza general de lo que puede ser protegido bajo un desarrollo sostenible y la ley medioambiental. Entre las agencias públicas que sería posible crear podría establecerse una oficina del fiscal para asegurar que la ley en efecto sea aplicada. Además será preciso capacitar adecuadamente a abogados y consejos en la ley medioambiental y de desarrollo sostenible, en tanto que la gente común debe estar bien informada de sus derechos, y tener acceso a la asistencia legal necesaria, a fin de poder emprender medidas.

Los asuntos de desarrollo sostenible requieren un complejo análisis técnico, científico y social. Mas por lo general existe un desequilibrio de fuerzas en la maquinaria técnica para la pericia -- las partes más poderosas ejercen presión. Por ende es importante que se establezcan órganos expertos independientes, neutrales y objetivos.

El debate de la judicatura -según está organizado actualmente- no está suficientemente preparado para tener en cuenta todos los intereses de las comunidades locales y los ciudadanos. Las decisiones carecen de credibilidad si no son tomadas democráticamente y con transparencia. Por otra parte, también existe una enorme brecha entra la ley de protección medioambiental y la realidad de la situación en el terreno. Las pruebas medioambientales llevan largo tiempo, y son costosas.

Cooperación internacional
Con frecuencia debemos tratar casos tras catástrofes ecológicas. Es necesario que tratemos de poner mayor énfasis en medidas preventivas, en controlar riesgos que podrían ser peligrosos para el medio ambiente -- aun si hiciera falta usar nuestro poder de prohibir actividades que podrían causar daño irreparable. También debemos estimular la cooperación internacional en el campo del medio ambiente, particularmente en la investigación y los estudios llevados a cabo entre diferentes Estados y en la transferencia de pruebas



El Juez Guy Canivet es Premier Présidente de la Cour de Cassation, Francia.

Foto: Edwin C. Tuyay/UNEP/Topham


Este número:
Indice | Editorial K. Toepfer | Fortaleciendo el imperio de la Ley | Socios con la Ley | La Justicia puede ser corta de miras | La fuerza de la ley | Una cuestión de juicio | Una legislación energética | Gente | ¿Imperio del hombre o imperio de la ley? | De un vistazo: El Imperio de la Ley | Sebastião Salgado | ¡El desarrollo sostenible viene de Saturno! | Un planeta, diferentes mundos | La sabiduría de la naturaleza | La corrupción no es inevitable | Conflicto y cooperación | Un hito holístico | Confiriendo podera los pobres | El clima legal | Pequeño pero efectivo | Construyendo el marco


Artículos complementarios:
Disasters 2001
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 2002