¡El desarrollo sostenible
viene de Saturno!

 
Dinah Shelton
explica que el imperio de la ley provee la fuerza gravitacional que mantiene unidos el desarrollo económico y social y la protección medioambiental del mismo modo que los anillos del planeta

Hace apenas dos años, los representantes de más de 190 países reunidos en Johannesburgo en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible adoptaron una Declaración por la cual afirmaban su voluntad de “asumir una responsabilidad común para avanzar y fortalecer los pilares independientes y mutuamente consolidantes de un desarrollo sostenible”. Identificaron estos pilares inseparables como: desarrollo económico, desarrollo social y protección medioambiental.

El lenguaje de la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible refleja una realidad encontrada a través de todo el mundo. El desarrollo económico y la protección medioambiental requieren un desarrollo social -- esfuerzos para promocionar y proteger derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que sean garantizados internacionalmente. No es posible asegurar plenamente el desarrollo económico ni la protección medioambiental en ausencia del respeto por derechos y libertades fundamentales. Ciertos derechos -como el acceso a la información ambiental, la participación pública en el ejercicio del poder y la reparación del daño medioambiental- pueden tener especial importancia para lograr la protección del medio ambiente. El desarrollo económico también se beneficia con el respeto por derechos humanos específicos – especialmente los derechos a la propiedad, la libertad de contrato y el derecho al trabajo. Estudios económicos recientes revelan que en los países en desarrollo en los que se respetan ciertos derechos humanos los salarios son más altos.

Una base de recursos naturales sostenida
De modo similar, ni el desarrollo económico ni el desarrollo social son posibles a largo plazo sin una protección medioambiental que asegure una base de recursos naturales sostenida, pues toda la humanidad depende de los recursos vivos y no vivos de la Tierra. No es posible asegurar los derechos humanos y el desarrollo económico cuando el medio ambiente está degradado y amenaza el agua potable, la salud, los alimentos y viviendas adecuados-- y la vida misma.

A su vez, hace falta desarrollo económico para lograr el desarrollo social y la protección medioambiental, entre otras cosas porque la pobreza supone la negación de derechos básicos y es una causa mayor de la degradación del medio ambiente.

Tal vez resulte más fácil observar las dimensiones tripartitas e interrelacionadas del desarrollo sostenible cuando ocurre un desarrollo insostenible -- por ejemplo cuando se priva a las comunidades autóctonas o locales de sus tierras y sus recursos tradicionales. Tales eventos no sólo podrán violar los derechos humanos de los miembros del grupo, sino que pueden llevar al daño o a la destrucción del ecosistema o la base económica de la región, causando empobrecimiento más que desarrollo.

Otra dimensión más -el imperio de la ley- provee el indispensable fundamento para lograr todos y cada uno de estos aspectos esenciales e interrelacionados del desarrollo sostenible. Si visualizamos el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección medioambiental como si fueran los anillos del planeta Saturno, el imperio de la ley forma el planeta mismo: su fuerza gravitacional mantiene unidos los anillos y asegura su existencia, su estabilidad y su funcionamiento continuo. Ninguno de los aspectos del desarrollo sostenible puede lograrse sin un marco normativo básico, sin órganos judiciales y administrativos en buen funcionamiento y procedimientos que prevean la participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente y su reparación cuando se ha producido daño.
La protección del medio ambiente se ha convertido en una parte vital de la ley y la doctrina contemporánea de los derechos humanos
Los mismos términos “protección” y “derechos” sugieren el recurso a un sistema de ley. Un enfoque hacia la protección del medio ambiente basado en derechos trata de asegurar, mediante garantías legales, que las condiciones medioambientales no se deterioren hasta el punto en que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una familia y una vida privada, el derecho a la cultura y el derecho a un adecuado estándar de vida se vean seriamente afectados. Esto puede hacerse de dos maneras. Primero, los derechos a información, participación y remedio pueden pasar a formar parte de las leyes concernientes a la protección medioambiental, asegurando que el público juegue un papel en la toma de decisiones sensatas en los asuntos ecológicos. Dicha participación debe estar basada en información sobre las condiciones ambientales, las actividades, y las amenazas potenciales a los recursos. Segundo, la protección medioambiental en sí misma puede convertirse en un derecho. En efecto, la protección del medio ambiente se ha convertido en una parte vital de la ley y la doctrina contemporánea de los derechos humanos. En la mayoría de los países, la lista de derechos constitucionalmente garantizados incluye el derecho a un medio ambiente seguro y sano, o satisfactorio, ecológicamente equilibrado. Los tratados regionales sobre derechos humanos en Africa y las Américas establecen tal derecho, añadiendo, en el primer caso, que el medio ambiente asegurado es un ambiente adecuado para el desarrollo.

Derecho a un remedio
Es parte del imperio de la ley que: “Donde existe un derecho, existe un remedio”. La máxima legal encuentra apoyo en la garantía separada contenida en constituciones y tratados de que existe un derecho a remedio en caso de ser violado cualquier derecho legal. La garantía no aparece solamente en textos sobre derechos humanos, sino en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo así como en diversos tratados sobre el medio ambiente.

El derecho a un remedio (o reparación) tiene dos aspectos, a saber: acceso a justicia y reparación o compensación sustancial. El acceso a justicia requiere la existencia de órganos independientes e imparciales capaces de ofrecer reparación después de una vista en conformidad con las garantías del debido proceso. En ese respecto, no puede ponerse demasiado énfasis en la importancia del papel del poder judicial.

Un creciente número de órganos administrativos y judiciales en todas partes del mundo están haciendo efectivo el derecho a un remedio y otras garantías haciendo cumplir leyes relacionadas con los tres pilares del desarrollo sostenible. Con cada vez mayor frecuencia, los jueces se enfrentan con casos que alegan violaciones de derechos constitucionales a un medio ambiente sano, relacionadas a veces con la garantía al derecho a la vida o a la salud, y están proveyendo una serie de remedios para tratar condiciones medioambientales.

Compatibilidad con los derechos humanos
Por otra parte, los jueces también están educándose unos a otros sobre problemas comunes que surgen en la litigación de derechos medioambientales -- el PNUMA desempeñó un papel fundamental en facilitar tales intercambios de experiencia judicial.

Aparte del trabajo de los tribunales nacionales, órganos regionales de derechos humanos como la Comisión Africana de Derechos Humanos, la Comisión y Tribunal Interamericanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dictado decisiones y juicios que insisten en que las condiciones medioambientales y el desarrollo económico pueden y deben ser compatibles con los derechos humanos. Se halló que una grave contaminación viola uno o más derechos garantizados, y se han confirmado y defendido leyes sobre el medio ambiente contra quejas de que violan los derechos a la propiedad. En tales casos, los tribunales han sostenido que el uso de la propiedad debe estar equilibrado con la protección del medio ambiente.

La Declaración de Johannesburgo correctamente describe la indivisibilidad de los tres componentes de un desarrollo sostenible. Entretanto, la jurisprudencia mundial que ha surgido demuestra la poderosa fuerza gravitacional del imperio de la ley y su centralidad para lograr los objetivos establecidos en la Declaración


Dinah Shelton es Profesora de Investigaciones de Derecho en la Universidad de Derecho George Washington, Washington DC.

Foto: Ezequiel Becerra/PNUMA/Topham


Este número:
Indice | Editorial K. Toepfer | Fortaleciendo el imperio de la Ley | Socios con la Ley | La Justicia puede ser corta de miras | La fuerza de la ley | Una cuestión de juicio | Una legislación energética | Gente | ¿Imperio del hombre o imperio de la ley? | De un vistazo: El Imperio de la Ley | Sebastião Salgado | ¡El desarrollo sostenible viene de Saturno! | Un planeta, diferentes mundos | La sabiduría de la naturaleza | La corrupción no es inevitable | Conflicto y cooperación | Un hito holístico | Confiriendo podera los pobres | El clima legal | Pequeño pero efectivo | Construyendo el marco


Artículos complementarios:
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 2002
La pobreza, la salud y el medio ambiente, 2001