Adolescencia
y problemas de dinero

 
Everton Vieira Vargas argumenta que la tarea de movilizar recursos para implementar el Convenio de Basilea debe tener prioridad sobre los urgentes debates en torno a su efectividad y la ampliación de su alcance

El Convenio de Basilea ha llegado a la “adolescencia” -- 12 años después de entrar en vigencia en 1992. Sin duda su Séptima Conferencia de las Partes (COP7) estará influenciada por el creciente debate respecto a sus logros y sobre lo que muchos ven como la inminente necesidad de ampliar su alcance, para transformarlo en un convenio sobre “desechos a nivel mundial”. Si bien el momento es favorable para una discusión de amplio alcance sobre si el Convenio en efecto se está desempeñando según fuera previsto --y si hay necesidad de actualizarlo--, a todas luces existe un problema subyacente que debe tener prioridad. Es imprescindible que en la COP7 todas las Partes, no importa cuál sea su región o su estado de desarrollo, se concentren en la cuestión de la movilización de recursos.

Los objetivos primordiales del Convenio son: reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y “otros desechos”; prevenir y minimizar la cantidad y la toxicidad de los desechos generados; practicar una gestión ecológicamente racional de tales desechos, preferiblemente cerca de su fuente; y fomentar activamente la transferencia y el uso de tecnologías más limpias. Si bien estas metas, establecidas hace ya mucho tiempo, fueron claramente reafirmadas por la Declaración de Basilea sobre Gestión Ecológicamente Racional adoptada en ocasión de la COP5 en 1999, es discutible si el Convenio ha tenido éxito en alcanzarlas. Desde el punto de vista de los países en desarrollo, promover la transferencia de tecnologías que son más limpias o que promueven el reciclaje ha sido sin duda el punto más débil hasta la fecha.

El origen del Convenio fue la movilización internacional sobre un problema que amenazaba crecer exponencialmente a fines del siglo XX -- la exportación indiscriminada e incontrolada de desechos peligrosos de economías desarrolladas a países totalmente carentes del equipo necesario para tratarlos. Por ende, el Convenio fundamentalmente tiene un doble propósito: reducir la generación de desechos y ayudar a los países en desarrollo a ocuparse de los desechos peligrosos producidos en su proceso de desarrollo.

Puede afirmarse que el Convenio ha ejercido un impacto muy positivo en las exportaciones de desechos peligrosos --comenzando con la institución de un procedimiento de consentimiento fundamentado previo--, aunque también es cierto que el problema está lejos de haber sido resuelto, especialmente en partes de África y Asia.

Con los años, el Convenio se ha diversificado, adoptando pautas técnicas de amplio alcance, negociando la llamada “Enmienda de Prohibición” (prohibiendo la exportación de países en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a otros países, pero aún por entrar en vigor) y su mecanismo para promover y hacer cumplir las pautas del Convenio (el Protocolo sobre Responsabilidad y Compensación adoptado en 1999, que igualmente espera entrar en vigor). Por lo tanto, la discusión sobre la gestión de desechos a nivel mundial --a diferencia de la gestión de desechos peligrosos-- toma su lugar en el centro de la escena cuando muchos de los asuntos centrales bajo su esfera en parte siguen sin resolver.

El debate sobre la gestión de desechos a nivel mundial es necesario y urgente, en vista de que la definición de desechos no peligrosos está cambiando rápidamente. No obstante, las Partes deben evaluar con todo cuidado si el Convenio puede afrontar este nuevo reto en su actual estado y forma, o si acaso demandará nuevos esfuerzos en la formulación de política y --sobre todo-- en financiamiento. Otra preocupación primordial es si este debate acabará por reemplazar otros asuntos ante el Convenio y algunos de sus objetivos básicos.

El Convenio está abierto a interpretación de si puede, o debería, regular movimientos de desechos no peligrosos (“otros desechos”, según se menciona en el Artículo 1 del texto del Convenio). Dos puntos apoyan esta nueva dirección. Si bien está orientado primordialmente hacia los desechos peligrosos, el Convenio no impide ni descarta la regulación de “otros desechos”. Entretanto, cada vez preocupa más en todas partes del mundo que el concepto de desechos peligrosos está cambiando rápidamente debido a los cambios en el estilo de vida, con considerables efectos sobre los peligros actualmente asociados con los desechos domésticos.

La definición de “desecho doméstico” en efecto está cambiando rápidamente, con el creciente insumo de sustancias peligrosas de teléfonos móviles, pilas, ordenadores, pinturas y solventes, lámparas y otros artículos que con frecuencia no son separados para reciclaje o su gestión ecológicamente racional -- especialmente en países en desarrollo y economías en transición.

La movilización de recursos se convierte en una prioridad principal dentro del contexto particular de un objetivo nuevo y complejo que ha de perseguirse, no sólo para el Convenio --las limitaciones del Fondo de Fideicomiso son ampliamente conocidas--, sino para todos los acuerdos multilaterales sobre la seguridad de los productos químicos. Por un lado, evidentemente no resulta deseable limitar la ampliación del alcance del Convenio, y su potencial de expansión, por falta de financiamiento adecuado. Por el otro, parece ilógico imponer a las Partes --particularmente a los países en desarrollo-- la carga de obligaciones financieras más altas en un momento en que la racionalización de la autoridad se ha convertido en un asunto de primordial importancia en las negociaciones ecológicas.

Si el Convenio --igual que otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente-- ha de mantener su relevancia y aventurarse a otros campos debe asegurar nuevas maneras de movilizar recursos que no agreguen una carga más a los apretados presupuestos de los países en desarrollo.
Entretanto, cada vez preocupa más en todas partes del mundo que el concepto de desechos peligrosos está cambiando rápidamente debido a los cambios en el estilo de vida, con considerables efectos sobre los peligros actualmente asociados con los desechos domésticos
No cabe duda de que la seguridad de los productos químicos es una preocupación creciente entre los interesados. El sistema multilateral recientemente actuó en consecuencia, promocionando con éxito la negociación e implementación de instrumentos legales internacionalmente vinculantes encaminados a ocuparse de este problema. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y la Convención de Rotterdam sobre el Procedimiento de consentimiento fundamentado previo para ciertos productos químicos y plaguicidas en el comercio internacional han entrado en vigor en fecha reciente. El Convenio de Rotterdam celebró su primera Conferencia de las Partes en septiembre de 2004, mientras que el Convenio de Estocolmo comenzará a funcionar en mayo de 2005. Combinando estos dos convenios con el trabajo ya realizado por el Convenio de Basilea --y tomando en consideración el continuo debate en torno a un Enfoque Estratégico hacia la Gestión Internacional de Sustancias Químicas (que realizará su segunda Conferencia Preparatoria en octubre)-- los problemas de la seguridad de los productos químicos ahora figuran en la agenda internacional del medio ambiente y su discusión indudablemente está evolucionando con celeridad.

Lamentablemente, estos acuerdos ecológicos multilaterales comprenderán una agenda de negociaciones cada vez más compleja e intensa. Competirán entre sí, por lo menos a cierto nivel, para atención (participación gubernamental, dedicación personal e iniciativas de formación de capacidad) -- e, invariablemente, para financiamiento. Esto concierne especialmente a los países en desarrollo, y los países menos desarrollados en particular: su necesidad de participar plena y activamente se ve impedida por su relativa escasez de medios, tanto humanos como financieros.

El Programa de Alianzas del Convenio es un buen ejemplo de un enfoque innovador de movilización de recursos. Tiene dos puntos fuertes, a saber: establece la participación directa del sector privado con las Partes para discutir pautas y soluciones creadoras para una creciente gestión de los desechos peligrosos, y hace provisiones para canalizar directamente muy necesarios recursos financieros específicamente dirigidos a tratar problemas concretos de gestión ecológicamente racional.

Es necesario involucrar al sector privado --sobre todo las industrias-- tanto en el debate como en el financiamiento de iniciativas específicas dirigidas a objetivos concretos en la gestión y reducción de los desechos. Esto es particularmente importante en áreas de productos en las cuales la diferencia entre desechos peligrosos y desechos domésticos está desapareciendo rápidamente. La reciente iniciativa para los teléfonos móviles es muy bienvenida. El área de selección del programa no podría ser más pertinente, y el trabajo realizado hasta la fecha ha demostrado cuánto es posible lograr con la participación directa de gobiernos y la industria enfocada en un área específica de prevención y gestión de desechos. Si bien todavía quedan ciertos puntos que allanar --sobre todo la participación de las Partes en el financiamiento, especialmente para tareas secretariales, en un programa que debería autofinanciarse--, las perspectivas definitivamente son positivas.

En vista del rápido cambio en el concepto de los desechos domésticos, será preciso considerar seriamente el debate en torno al alcance del Convenio -- sobre todo su posible evolución en una convención sobre desechos a nivel mundial. El Convenio no puede evolucionar hacia este nuevo objetivo si no es capaz de alcanzar sus metas antiguas. El creciente consenso es que Basilea --como otros acuerdos ambientales multilaterales sobre la seguridad de los productos químicos-- debe adoptar nuevas soluciones de financiamiento nada más que para cumplir sus actuales objetivos de ocuparse de los desechos peligrosos. Con el Programa de Alianzas se encara la movilización de recursos de una manera inventiva y positiva a la vez que se estimula una mayor participación del sector privado --tanto financiera como técnica-- en los objetivos del trabajo del Convenio. Con la falta de financiamiento adecuado --y la creciente competencia de otras convenciones sobre sustancias químicas-- el Convenio de Basilea se verá obligado a depender cada vez más de mecanismos de financiamiento alternativos para poder ir afrontando los retos venideros, incluyendo la apremiante discusión sobre los desechos a nivel mundial


Everton Vieira Vargas es Director del Departamento para el Medio Ambiente y Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

El autor expresa su agradecimiento a Raphael Azeredo por su valiosa contribución en la preparación de este artículo. Los puntos de vista expresados en el presente artículo reflejan únicamente la opinión del autor.


PHOTOGRAPH: Banson


Este número:
Indice | Editorial K. Toepfer | Formando alianzas, movilizando recursos | Mucho que discutir, mucho que hacer | Hora de ver resultados | Adolescencia y problemas de dinero | Completar la tarea | Creando una sinergia | Nuevos retos

Artículos complementarios:
Shunichi Suzuki: Slimming the Waste (Energy) 2003
Las sustancias quimicas 2002
Jack Weinberg: Enemigos invisibles (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) 2002
Hazardous Waste 1999
Alemayehu Wodageneh: Trouble in store (Chemicals) 1997
Frank Wania y Don Mackay: Global Distillation (Chemicals) 1997




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